Pobladores de la región Tierra Caliente se alzaron en armas desde febrero de 2013 para hacerse con el control de la seguridad pública en sus poblaciones y combatir la presencia de delincuentes, principalmente los integrantes del grupo delictivo Los Caballeros Templarios.
Son grupos de civiles armados, conformados principalmente por agricultores y ganaderos, que tomaron en control de la seguridad pública ante la desconfianza en las autoridades locales.
Afirman que su movimiento es una respuesta legítima de los habitantes de sus comunidades ante las extorsiones, secuestros, asesinatos, violaciones y otros abusos de los criminales, además de que denuncian la colusión de las autoridades con la delincuencia.
Los primeros aparecieron en las localidades de La Ruana y Tepalcatepec, en los límites de Michoacán con Jalisco, en febrero de 2013. Un año después, unas 30 poblaciones de 20 municipios han creado sus grupos de autodefensas.
Tanto el presidente Enrique Peña Nieto, como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habían declarado en enero que las autodefensas estaban al margen de la ley, pero el 27 de enero pasado, el gobierno federal firmó un acuerdo con los grupos de civiles para hacer un registro de sus integrantes y sus armas para conformar guardias rurales, una figura de defensa civil contemplada por la ley que rige el Ejército mexicano.
Cada uno de los 30 grupos de autodefensa han seguido aumentando designó a un coordinador. Existe un consejo de coordinadores que se reúne, regularmente en La Ruana, para discutir el avance de las autodefensas hacia otras poblaciones y los acuerdos con el gobierno.
Juan Manuel Mireles e Hipólito Mora fueron dos de los primeros coordinadores y voceros, pero Mireles ha sido apartado del movimiento por determinación del Consejo debido a que sufrió un accidente que lo ha mantenido en convalecencia y al margen de las actividades de los grupos.
Estanislao Beltrán, otro de los voceros, ha reiterado en varias entrevistas que impulsan su movimiento con las ganancias de negocios que han recuperado de las manos de los criminales, como la producción agrícola y ganadera. El armamento que poseen también es atribuido a los decomisos de arsenales de los templarios y las propias armas con las que contaban.
Servando Gómez Martínez, la Tuta, uno de los principales líderes de esta organización criminal ha reiterado que el grupo es un “mal necesario” para Michoacán.
Los propios líderes de las autodefensas han reconocido que lostemplarios libraron a los michoacanos de las extorsiones y crímenes de las que eran víctimas con el cártel de Los Zetas, el cual tenía presencia en la parte central del estado. Pero ahora acusan a los templarios de incurrir en los mismos delitos.
El comisionado federal en Michoacán explicó en enero pasado que los templarios son una consecuencia de un grupo de civiles armados y entrenados por ex militares (La Familia Michoacana) que se formó entre 2005 y 2006 para defenderse de Los Zetas.
El nombre de esta organización hace referencia a la orden religiosa armada de principios del siglo XII que reclutaba hombres para defender la fe cristiana en Jerusalén y Europa. La Tuta ha declarado que sus hombres se rigen por principios, una similitud con los cruzados de la Edad Media.
La Tuta, Enrique Plancarte y Dionicio Loya Plancarte, este último detenido en un operativo federal el 28 de enero, son los principales líderes de los Templarios. Otro de sus fundadores es Nazario Moreno El Chayo, quien fue declarado por el gobierno federal como “abatido” en 2010, aunque su cuerpo nunca apareció, y tanto templarios como autodefensas aún hablan de él.
Además de Los Templarios y de Los Zetas, que acudieron a Michoacán tras su separación del cártel del Golfo en 2003, en la disputa participa también el cártel de Sinaloa, liderada por el narcotraficante más buscado de México, Joaquín el Chapo Guzmán.
El cártel de Sinaloa operó en Michoacán a través de una organización más pequeña, el cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo principal líder Erick Valencia Salazar, detenido en marzo de 2012 recibía órdenes de Ignacio Nacho Coronel, socio de Guzmán Loera.
Tanto Servando Gómez como Dionicio Loya Plancarte acusaron durante 2013 a los grupos de autodefensas de servir al rival cártel Jalisco Nueva Generación, pero estos grupos han rechazado estas acusaciones calificándolas como un intento para desprestigiarlos.
El 13 de enero pasado, luego de dos semanas de avance de las autodefensas en Tierra Caliente que incluyeron la toma de Nueva Italia (la segunda ciudad más importante de la región) y ataques contra comercios y oficinas gubernamentales en Apatzingán, los gobiernos federal y estatal anunciaron una estrategia conjunta para recuperar la seguridad en el estado.
El secretario de Gobernación anunció dos días después la creación deuna comisión federal para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, encabezada por el exprocurador del Estado de México y exsubprocurador general, Alfredo Castillo.
De forma simultánea al anuncio fueron enviados a Michoacán agentes de la Policía Federal, tropas del Ejército y la Marina, y agentes del Ministerio Público federal. Las fuerzas federales tomaron el control de la vigilancia en 27 “municipios prioritarios” donde las policías locales (acusadas de colaborar con los criminales) fueron desarmadas y trasladadas fuera del estado para evaluaciones de confianza, detalló Castillo.
El presidente Enrique Peña Nieto anunció el 4 de febrero una inversión de 45,500 millones de pesos para reactivar la economía en Michoacán con créditos, construcción de infraestructura y programas sociales.
La región de Tierra Caliente es un valle del centro-occidente de Michoacán, integrada por 17 municipios con clima seco, que forma parte de una extensión más amplia del centro del país en las entidades vecinas de Guerrero y Estado de México.
Su ubicación se ha convertido en centro de disputa de varios grupos delictivos desde hace unas tres décadas debido a la fertilidad de sus tierras para la producción de marihuana, así como su localización estratégica al ser conexión entre el puerto mercantil de Lázaro Cárdenas y el centro del estado y el país.
Michoacán lidera a nivel nacional la producción de vegetales como aguacate, limón, guayaba, fresa o zarzamora, además de que sus valles son propicios para la ganadería, según las estadísticas del gobierno federal.
El secretario de Gobernación, el comisionado para Michoacán y comerciantes del estado han reconocido que la proliferación del crimen organizado se debe a un "descuido" de las autoridades durante más de una década.
“Lo que ocurre en Michoacán no se gestó en semanas o meses, va más allá. Es producto del deterioro social. Se descuidaron factores esenciales para la convivencia y los resultados están a la vista”, dijo Osorio Chong el 4 de febrero pasado, durante la presentación de la fase social de la estrategia federal.
El 4 de diciembre 2006, apenas tres días después de asumir el cargo, el presidente Felipe Calderón inició en Michoacán, su estado natal, su estrategia de combate frontal al crimen organizado, que consistió en llevar policías federales y militares a las calles para encargarse de tareas de seguridad.
Tras la intervención federal en el estado (que inició con el despliegue de tropas a principios de 2007), la delincuencia organizada volvió con más violencia cuando la Policía Federal, entonces recientemente creada y aun con pocos integrantes, tuvo que retirar a muchos de sus agentes para atender otros “focos rojos” en el país como Tamaulipas y Guerrero, detalló Castillo.
Una semana después del anuncio de la intervención federal en Michoacán, los gobernadores de seis estados colindantes acordaron con la Secretaría de Gobernación “blindar” sus fronteras ante posibles efectos derivados de la estrategia michoacana.
El acuerdo implicó un aumento en la presencia de policías federales y mayor coordinación con las policías estatales en Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México.
El conflicto en Michoacán acaparó la atención en seguridad en el país durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha buscado un cambio de enfoque en esta materia con respecto al sexenio anterior.
Entre diciembre de 2006 y 2012 se registraron en México más de 70,000 muertes relacionadas al crimen organizado, según estimaciones de la Secretaría de Gobernación, además de 26,000 desaparecidos. Estas cifras fueron recriminadas por analistas, partidos de oposición y representantes de la sociedad civil al gobierno de Felipe Calderón por su estrategia de confrontación contra la delincuencia organizada.
